Con el acuerdo con el FMI para una línea de crédito por 47 mil millones de dólares con el fin de garantizar las necesidades de divisas para el 2009-2010, el Banco deMéxico ha hecho un trabajo espléndido, pues ahora tiene las herramientas para bajar las tasas de interés de manera agresiva, sin que el peso se desparpaje.
La política monetaria ha comenzado a hacer su trabajo, y veremos tasas de interés significativamente más bajas en las próximas semanas. Pero no podemos decir lo mismo de la política fiscal.
Los programas económicos hasta ahora anunciados por parte del gobierno de México para tratar de amortiguar los efectos de la devastadora crisis económica, o resolverla, han sido insuficientes, principalmente por la mala lectura que el gobierno hizo respecto del alcance y la magnitud de la crisis que se nos venía encima. Hoy, con el desempleo en su mayor nivel desde 1996, y la economía en caída libre de acuerdo con las cifras del Igae, no anunciar y poner en marcha lo antes posible un programa de gasto (incluso deficitario, empezamos a perderle el miedo) verdaderamente ambicioso, y cuantitativamente importante, representaría una falta de lesa historia.
Países como China y los Estados Unidos, quienes han dimensionado correctamente la talla del Armagedón económico que nos azota, están llevando a cabo programas de estímulos fiscales cuyo gasto efectivo adicional representa alrededor del 15% del PIB. En contraste, el gasto efectivo adicional de los dos programas anti-crisis anunciados hasta el momento por el gobierno mexicano con trabajo suman un 1% del PIB nacional (¡cuando la economía se está cayendo a un ritmo del 10%¡).
La semana pasada el INEGI dio a conocer dos datos que muestran que la talla y la profundidad de la crisis en México son muy superiores a las que incluso los más pesimistas habíamos pronosticados (Carlos Slim ha sido reivindicado en su diagnóstico):
a) las tasa de desempleo para el mes de febrero, la cual se ubicó en 5.3%, superior al 5.0% de enero, pero mucho mayor al 3.9% de febrero del año pasado. Es decir, en el último año, la tasa de desempleo ha subido 1.4 puntos porcentuales, el equivalente a cerca de 600 mil personas, y lo único que hemos podido hacer son dos programas fiscales cuyo gasto adicional no sobrepasa el 1% del PIB.
b) El horrendo dato del IGAE del mes de enero, el cual mostró una implosión económica de 9.5%.
Dado que no podemos retrasar los relojes y corregir lo que no hicimos, la responsabilidad que el gobierno federal tiene en este momento, cuando ya deberían de tener claro el tamaño del Maelstrom económico que nos aqueja, es el de producir, lo antes posible, un programa de gasto público considerable, de 5% del PIB al menos, y con un menú de proyectos de infraestructura muy detallado acompañado de un calendario de ejecución de los mismos.
El menú de proyectos de infraestructura que deben de ejecutarse, primordialmente como obra pública dada la restricción de crédito existente (pero con una participación importante de empresas privadas, sobre todo nacionales) debe de incluir, al menos, los siguientes proyectos: el puerto de Punta Colonet, el sistema carretero de Mitla-Tehuantepec, el macro-libramiento de Guadalajara, el sistema carretero Guadalajara-Puerto Vallarta, y una serie de trenes suburbanos en las zonas metropolitanas de México DF, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.
Para esta serie de proyectos ya existen proyectos ejecutivos avanzados y las empresas constructoras del país y el extranjero las conocen bastante bien, así que su construcción y ejecución deberían de ser bastante expeditas.
Dado que no existe en este momento el financiamiento bancario o bursátil para emprender el inicio de estos proyectos en estos momentos, y que tales recursos provendrán sobre todo de Banobras, Nafin y el Fonadid, el gobierno tiene que aceptar sencillamente que el grueso de estos proyectos deberán de hacerse como obra pública, y no bajo un esquema de asociación público-privada como se tenía planeado al principio del sexenio.
El mundo cambió de manera dramática en un espacio muy corto de tiempo, y el gobierno mexicano no se ha adecuado con la velocidad y la precisión necesarias para diseñar, anunciar y operar un plan fiscal que de verdad sirva para comenzar a salir de este atolladero.
Al inicio el gobierno pensaba que como aquí teníamos bancos fuertes, y no bancos de papel como en Estados Unidos, la crisis nos iba a afectar de manera muy menguada. Pero cuando vemos que las exportaciones mexicanas se están desplomando a tasas anuales de 30%, el efecto sobre la economía es equivalente a la implosión del sistema bancario. La crisis es la misma, aunque cambie el sector por donde se comunica.
Para diseñar tal plan, lo primero que tiene que ocurrir es que el gobierno se de cuenta cabal de la medida de la crisis: la tasa de desempleo de febrero fue la mayor desde 1996, la caída en la actividad industrial en enero fue la peor desde 1995, la reducción en ventas minoristas fue la mayor en siete años, el SGAE muestra una situación de emergencia económica. ¿Se necesita que pase más tiempo para atestiguar que estamos ante una crisis de proporciones mucho mayores a las de “catarrito” inicial, y que por tanto la respuesta que se debe de dar es más contundente que los simulacros lanzados hasta ahora?
Lo segundo, y casi tan importante, es la oportunidad de la puesta en marcha del plan. La economía es como un cuerpo: si una enfermedad no se ataca a tiempo, se arriesga a un deterioro severo y a una recuperación más comprometida. Entre más nos tardemos en sacar el próximo estímulo fiscal, más complicada se pondrá la crisis, y más difícil será su resolución.
Si, un nuevo programa anti-crisis, que verdaderamente marque una diferencia, será deficitario. No hay de otra. Los déficit se deben de incurrir en situaciones como estas y gastarse en infraestructura y en inversión que ayude a pagar tales déficit cuando la economía se recupere. Si con déficit vamos a salir de este, que así sea.
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