La semana pasada platicábamos sobre la “Economía Política de la Bicicleta”. Para cerrar el tema va esta breve nota sobre la infraestructura necesaria alrededor de la misma: la ciclovía, estacionamientos y el esquema de seguridad alrededor del uso masivo de la bicicleta en las metrópolis, dada la sacudida que la pandemia le ha propinado al transporte masivo en las grandes ciudades.
Miren a Donald Trump: él es la muestra de que, por más que queramos ignorarlo o estemos hartos de sus efectos, debemos de adaptar nuestras ciudades y nuestras vidas a una convivencia larga y difícil con el covid.
Podemos ignorar y menospreciar la pandemia. Podemos hacer como que la virgen nos habla y reabrir el transporte masivo, incluso con una nueva normalidad que implique medidas sanitarias de prevención. Mientras no haya una vacuna y se aplique masivamente hasta lograr la inmunidad social, el transporte público tendrá un riesgo sanitario notable.
La mejor solución para el riesgo sanitario, el automóvil personal, es la peor solución desde el punto de vista de movilidad y ambiental, así que el uso generalizado de la bicicleta, si bien imperfecta, es la solución más práctica, asequible, sustentable y oportuna para que las grandes ciudades minimicen en lo posible el riesgo sanitario sin colapsar su movilidad.
Pero para que la bicicleta sea una solución metropolitana eficiente son necesarias dos cosas: la infraestructura que permita su uso masivo, y la cobertura de seguridad de los usuarios.
La infraestructura más importante para la bicicleta es un carril dedicado exclusivamente para su tránsito: una ciclovía. Su exclusividad fomenta su uso al dedicarle espacio, y provee un entorno seguro para su uso masivo.
El segundo aspecto es el de la seguridad. En un entorno en donde el tráfico automotriz sigue siendo predominante, rodar en bicicleta en zonas metropolitanas es una alternativa que implica un riesgo importante que es necesario amortiguar mediante la existencia de seguros por accidentes y de vida a precios subsidiados.
En ambos caso, la ciclovía y la cobertura de accidentes, es imprescindible la política pública: los gobierno deben (la nueva ciclovía de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México es un gran ejemplo) proveer el espacio y la infraestructura para el uso masivo de la bicicleta, y deberían de negociar con las empresas aseguradoras para producir un seguro, con primas reducidas, para cubrir a los usuarios de la misma, pues su capacidad de negociación ante las empresas es mayor que la de los usuarios individuales, y además es una solución de movilidad deseable social y ambientalmente.
La política pública debería también de incentivar y tomar la iniciativa para un debate en las empresas, respecto a aspectos aparentemente menores del uso masivo de la bicicleta: como por ejemplo el sudor.
Un empleado que decida pedalear de su casa a la oficina los veinte kilómetros que lo separan para llegar a una junta, quizá enfrentará cierta reticencia de su empleador y sus colegas por llegar a su lugar de trabajo sudado y oloroso. Es inevitable. ¿Cómo deben las empresas reaccionar ante esta circunstancia? ¿Deben de rechazarlo? ¿Tolerarlo? ¿Incentivarlo? Los colegas que llegaron en auto ¿Deben de consentir el olor sudoroso de sus compañeros? ¿Debe el gobierno de hacer algo al respecto? ¿Ducharse, dónde y cómo?
Si queremos que la bicicleta sea una solución masiva y práctica al transporte metropolitano, todas las cuestiones anteriores deben de ser atendidas y más o menos resueltas. Es decir, debe de existir una política pública al respecto, entendida ésta como una iniciativa que, si bien viene del gobierno, participan todos: bicicleteros, aseguradoras, empresas y los ciudadanos en general.
Los mercados funcionan siempre, y la sobredemanda de bicicletas de meses recientes será atendida por una rápida construcción de capacidad instalada para producir más, mejores y más baratas bicicletas. Pero las fabricantes de bicis no producen ciclovías, ni reducen el riesgo de accidentes y muerte al rodar masivamente en las ciudades.
Como en todo, la solución del mercado es insuficiente, y el Estado debe de proveer la política pública necesaria para que una economía de mercado alcance lo que muchas veces se le escapa: el bien común y del medio ambiente.
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