La propuesta del Presidente de utilizar los derechos especiales de giro (DEGs) acreditados a México por parte del FMI para refinanciar pasivos públicos es una buena idea, y es perfectamente operable. La discusión alrededor del tema es muy valiosa, pues ayuda a que esa zona gris de la cosa pública que es la política monetaria sea ventilada en la plaza común. La propuesta del Secretario de Hacienda es práctica y ventajosa, y su concreción deberá de aligerar entre los comentaristas la percepción de que el Banco de México es una Santa Sede que no debe de aventurarse en operaciones heterodoxas, pero perfectamente conformes con las reglas y prácticas del mercado.
Las sociedades modernas han decidido que un poder muy importante no sea decidido por el voto de sus ciudadanos: el de emitir moneda. La experiencia acabó orillando a un modelo en donde el poder para gestionar el dinero de una sociedad sea concentrado en un grupo muy reducido de profesionales cuyo poder no es derivado del voto directo de los ciudadanos. Tal es el fundamento sobre el cual descansan los bancos centrales modernos: dado que la opción a su independencia plena ha demostrado ser el caos económico, las sociedades modernas han aceptado ceder esas amplias facultades públicas a un grupo de servidores públicos no electos por el voto.
Es normal que, dado sus orígenes, los bancos centrales sean por naturaleza conservadores. Fueron creados para reparar los excesos del poder político sobre la economía. Por ello en sus inicios, los bancos centrales pecaron de conservadores en momentos claves, como la crisis de 1929, y en la recesión de 1973.
Pero de manera repetida, del año 2000 al día de hoy, el bancos central más importante del mundo, la Fed, ha estirado la liga en términos de lo que la política monetaria puede hacer, y en particular, durante la debacle del primer trimestre de 2020 disparado por la pandemia, la Fed ha implementado políticas para las cuales el adjetivo heterodoxas, apenas empiezan a describirlas: desquiciadas podría ser un adjetivo apropiado. Con tal de inyectar liquidez en la economía la Fed ha comprado activos que incluso para un especulador podrían ser calificados de riesgosos.
En este contexto, en donde los bancos centrales del mundo se han soltado el pelo, nuestro Banxico se ha mantenido como un farallón de estabilidad y políticas monetarias prudentes. Lo ha hecho bien. Pero la propuesta presidencial de usar los DGEs como un manejo de pasivos es una operación sencilla, que en nada conculca la prudencia monetaria.
El argumento más prudente contra la operación es que la ley prohíbe al Banxico financiar los déficits del gobierno federal. Concediendo el argumento, hasta donde entiendo la propuesta es una sustitución de pasivos existentes, no de financiamiento del déficit. El déficit es un flujo. Los pasivos son un acervo. Si la operación se atiene estrictamente a sustituir un pasivo que cuesta cuatro por ciento, por un pasivo que cuesta uno por ciento, en ningún momento se está financiando el déficit público, el cual es un resultado del ejercicio y no forma parte del balance. La propuesta del Secretario se atiene enteramente a lo establecido en Ley.
Si se ejecuta la operación, la SHCP a través de la Tesofe emitirá obligaciones que el Banxico adquirirá, a cambio de los DEGs. Los DEGs a su vez serán usados para recomprar en el mercado bonos mexicanos en dólares que actualmente tienen tasas de rendimiento superiores a los del bono emitido por SHCP.
La operación es compleja, tiene muchos pasos e implica una serie de ejecuciones y registros contables en varias áreas de SHCP y Banxico, y necesita la contratación de bancos internacionales para procesar con orden el refinanciamiento de pasivos en los mercados.
Pero al final de la operación, el Banxico acabaría dentro de sus activos con algo que hasta el momento nunca ha tenido: bonos del gobierno federal. Ustedes revisen el estado de cuenta semanal del Banxico publicado todos los jueves: nuestro banco central no compra bonos del gobierno nunca. Como lo dicta la ortodoxia.
Pero si la Procuraduría Fiscal, la Consejería Jurídica y el equipo legal de Banxico piensan que la operación podría categorizarse como financiamiento del déficit (que no es el caso), la operación aún podría ejecutarse, si bien habría que cuidar que los DGEs no entraran inicialmente en el balance de Hacienda. Aquí podría intervenir la banca de desarrollo, pero si tampoco eso transita con los abogados, aún queda una solución, irónica o justa depende cómo se lo vea: el IPAB, el cual fue diseñado para no consolidar dentro del balance público, lo cual, en circunstancias como esta, podría ser una ventaja. Así son los caminos de la vida.
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